Sanidad pública, un patrimonio fundamental

TEODORO J. MARTÍNEZ/Médico pediatra

Acoger y cuidar al débil es lo que nos diferencia de las hienas o los caimanes. No es posible relativizar el derecho y deber de procurar la mejor salud a nuestros semejantes sin cuestionar la esencia misma de la humanidad. Cuidamos al otro porque sentimos que sufre. Sabemos ponernos en su lugar, sentimos que podemos llegar a ser él. Queremos que esté bien, y que vuelva a ser como antes: que se cure. Y por eso lo ayudamos.

En pleno caos económico mundial, hoy asistimos perplejos a la proliferación de visionarios del Apocalipsis de la sanidad pública, cuyos argumentos socavan, como buen ariete, la fortaleza del sano juicio. Se cuestiona nuestra capacidad de financiación, la amplitud de los servicios prestados, la población que debe tener derecho a ellos, la ineficiencia de su gestión pública… y, como solución mesiánica a cada uno de los problemas, una sencilla palabra: privatización.

Los objetivos de los sistemas sanitarios no son negociables con los terroristas financieros que nos asedian: una mejor salud, para todos, segura, que proteja a los enfermos de las consecuencias económicas que conlleva su estado, que optimice el uso de los medios a su cargo y en permanente escucha a las necesidades y expectativas de los ciudadanos. Es en la tormenta donde debe fijarse con más firmeza el rumbo, para que las olas no nos dejen al final en puertos a los que nunca quisimos llegar.

Es tal el ímpetu de la corriente de opinión contra la sostenibilidad del sistema que la propia Organización Mundial de la Salud ha dedicado en 2010 su Informe Anual sobre la Salud Mundial a la financiación de la sanidad. “En un momento en el que el dinero escasea”, comenta la Directora General de la OMS Margaret Chan, “mi consejo a los países es que, antes de buscar de dónde recortar el gasto de la asistencia sanitaria, hay que buscar opciones que mejoren la eficiencia”. Su consejo no es casual: las estimaciones más optimistas cuantifican en casi el 40% la inversión en sanidad que se desperdicia por la ineficiencia de los sistemas sanitarios, sea cual sea el nivel económico del país analizado.

Los países firmantes de la declaración de Alma-Ata, hace más de treinta años ya eran conscientes de que la promoción y la protección de la salud son esenciales para el bienestar humano y para un desarrollo socioeconómico sostenido. Por eso, especialmente en momentos de crisis, no podemos escatimar recursos de uno de los principales pilares de la recuperación económica y la estabilidad social. Salud y pobreza están inversamente relacionados; para reducir los desequilibrios entre ricos y pobres y avanzar hacia sociedades más justas, debemos asegurar que todos disfrutamos de las mismas oportunidades de estar sanos, y de que la enfermedad no perjudica la posición económica del que la padece.

El coste sanitario y social no debería ser considerado como gasto, sino como inversión: en futuro, en equidad, en justicia, en solidaridad, en humanidad. Los puntos clave de la financiación del sistema sanitario son: recaudar dinero suficiente para la sanidad, aprovechar mejor los recursos disponibles, eliminar las barreras de acceso y reducir el perjuicio económico derivado de la enfermedad. Cada uno de ellos merece un detalle que habremos de desgranar por separado en posteriores artículos.

En países como España, con una inversión sanitaria en relación con el PIB entre las tres más bajas de Europa, no nos podemos quejar de gasto. Tenemos un modelo de cobertura casi universal asociado a un razonable -aunque mejorable- sistema de cobertura social. Habría que escuchar menos a los voceros del copago de las prestaciones, de la privatización de los servicios, de la restricción de prestaciones.
Si de verdad queremos buscar agujeros en la sanidad, hagámoslo donde debemos: por qué un banco lo dirige un licenciado en empresariales o en dirección de empresas, y una consejería de sanidad un político; por qué se puede cerrar una planta de un hospital público mientras se derivan pacientes simultáneamente a conciertos privados; por qué se aumenta continuamente el gasto farmacéutico, cuando se pueden convocar concursos públicos nacionales para la financiación de cada uno de los fármacos. ¿Cuánto se gasta en ambulancias que los pacientes solicitan como taxis? ¿Cuántas consultas se quedan medio vacías por inasistencia, a la vez que la lista de espera se dispara por no existir huecos para atender antes a los pacientes?

La Sanidad pública, universal y gratuita es un auténtico Patrimonio de la Humanidad, un logro de nuestra sociedad que no debería ser cuestionado. Merece la pena luchar para protegerla.

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